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Código de ética

CÓDIGO DE ÉTICA APROBADO POR ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL 31/8/2011


CAPÍTULO 1

OBJETO, PRINCIPIOS Y ALCANCES

El objeto de este Código de Ética es enunciar los principios que orientan la actitud y la conducta del traductor público en su correcto desempeño profesional e institucional y dotar al cuerpo colegiado de normas de ética profesional.

El principio general para la interpretación de las disposiciones de este Código de Ética es la protección de la dignidad de la profesión de traductor público. Ninguna de las disposiciones del presente Código podrá entenderse en un sentido que menoscabe o restrinja tal dignidad.

Estas normas éticas no excluyen otras no enunciadas expresamente, pero que surgen del digno y correcto ejercicio profesional. No debe interpretarse que este Código admite lo que no prohíbe expresamente.

Las disposiciones del presente Código de Ética no podrán ser modificadas ni dejadas sin efecto sino a través de la aprobación de un cuerpo normativo que lo sustituya mediante el procedimiento que establece la ley pertinente.

Los deberes profesionales aquí establecidos no podrán excusarse por acuerdo de partes. Será nulo todo convenio que limite o invalide el contenido, la aplicación o la exigibilidad del presente Código.


CAPÍTULO 2

SUJETO

El presente Código de Ética se aplicará a todos los traductores públicos matriculados en el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires (CTPCBA). También se aplicará a los idóneos autorizados por el CTPCBA.


CAPÍTULO 3

EJERCICIO DE LA PROFESIÓN

Art. 1. Requisitos: Para ejercer la profesión de traductor público, se deben cumplir los requisitos establecidos por la Ley 20.305.

Art. 2. Ejercicio ilegal de la profesión: Se considerará ejercicio ilegal de la profesión la realización de las actividades específicas del traductor público que establece la Ley 20.305 sin tener título profesional o sin estar inscripto en la matrícula pertinente.


El idóneo en un idioma en el cual no haya ningún traductor público matriculado deberá estar autorizado por el CTPCBA para actuar; si faltara esta autorización, su actuación será considerada ejercicio ilegal de la profesión.


CAPÍTULO 4

DEBERES DEL TRADUCTOR PÚBLICO INHERENTES A LA PROFESIÓN

Art. 3. Debe contribuir con su conducta a enaltecer la profesión, teniendo siempre presente el juramento prestado en el momento de su matriculación.

Art. 4. Debe tener un domicilio fijo y registrado en el CTPCBA para la atención de los asuntos profesionales que le competen.

Art. 5. Debe procurar un adecuado perfeccionamiento profesional que le permita desempeñarse con la idoneidad requerida en cada caso.

Art. 6. Debe abstenerse de publicitar sus servicios sin la mesura y el decoro que exige la profesión o de manera que pueda inducir a equívocos o engaño. Toda publicidad deberá limitarse a enunciar los datos personales y los servicios profesionales ofrecidos por el traductor.

Art. 7. Debe evitar cualquier actitud o expresión que pueda interpretarse como tendiente a aprovechar influencias políticas o de cualquier otra índole.

Art. 8. Debe respetar rigurosamente el secreto profesional y negarse rotundamente a infringir su deber de confidencialidad. Solo quedará exceptuado de tal deber: a) cuando el cliente o destinatario de su traducción lo autorice expresamente; b) si se tratare de su propia defensa ante el Tribunal de Conducta o ante un tribunal de justicia; c) cuando la ley se lo exija.

Art. 9. Debe defender el derecho a la inviolabilidad de su lugar de trabajo y de los documentos que le hubiesen sido confiados.

Art. 10. Cualesquiera que sean el ámbito y las circunstancias de su labor profesional, el traductor público debe convenir con su cliente o destinatario de su traducción los honorarios establecidos por el CTPCBA o por la ley de honorarios para traductores públicos, si la hubiere. Deberá abstenerse de cobrar honorarios que impliquen o estimulen la competencia desleal.

Art. 11. No debe firmar traducciones directas o inversas del idioma en el cual no estuviere matriculado ni las que no hayan sido realizadas o corregidas por él.

Art. 12. No debe intervenir cuando su actuación profesional permita, ampare o facilite actos punibles o contrarios a la ley y al orden público, pueda utilizarse para confundir o sorprender la buena fe de terceros o pueda usarse en forma contraria a los intereses de la profesión.

Art. 13. Cualquiera que sea el ámbito en el que desarrolle su actividad profesional, debe respetar y aplicar las normas y el espíritu de este Código.

Art. 14. Debe acatar las resoluciones de la Asamblea, del Consejo Directivo y del Tribunal de Conducta.

Art. 15. Toda traducción, dictamen o ratificación, ya sea en forma escrita o verbal, debe ser fiel a su original. El traductor público es responsable del contenido total de la traducción que firma y sella, y no puede alegar error o faltas imputables a terceras personas bajo su supervisión con el fin de excusarse de errores o inexactitudes en el texto de la traducción.

Art. 16. No debe permitir que otra persona ejerza la profesión en su nombre ni facilitar que persona alguna pueda aparecer como traductor público sin serlo. Debe ejercer el debido cuidado en la custodia del sello profesional registrado en el CTPCBA y notificar inmediatamente su extravío o robo.

Art. 17. No debe prestar su nombre ni actuar en institutos de enseñanza que emitan títulos o certificados que induzcan a confusión con el título de traductor público.

Art. 18. Cuando intervenga en causas judiciales como perito traductor o intérprete, no realizará acción alguna que constituya una obstrucción deliberada de la justicia ni intervendrá en causas cuyo resultado pueda llegar a favorecerlo de alguna manera más allá del cobro de sus honorarios profesionales.

Art. 19. Debe procurar el reconocimiento del aspecto moral y del aspecto económico del derecho de autor que le correspondan en su carácter de traductor conforme a las normas vigentes en la materia.


CAPÍTULO 5

DEBERES DEL TRADUCTOR PÚBLICO PARA CON EL COLEGIO DE TRADUCTORES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Art. 20. Debe contribuir a la consecución de los fines del CTPCBA. Podrá hacerlo mediante su participación en las Asambleas, en los actos eleccionarios, en las comisiones internas y en las distintas actividades organizadas por el CTPCBA.

Art. 21. Debe comunicar al CTPCBA todo acto o conducta de colegas o de terceros que afecte gravemente la dignidad de la profesión.


CAPÍTULO 6

DEBERES DEL TRADUCTOR PÚBLICO PARA CON SUS CLIENTES

Art. 22. Todo contrato escrito o compromiso verbal entre el traductor público y su cliente o destinatario de su traducción será de estricto cumplimiento y válido conforme al art. 1198 y concordantes del Código Civil de la República Argentina. El traductor público no podrá retractarse del contrato celebrado aduciendo ignorancia o desconocimiento, salvo que el cliente modifique sustancialmente la extensión o las características del trabajo acordado originariamente.

Art. 23. No debe divulgar asunto alguno sin la autorización expresa de su cliente ni utilizar en su favor o en el de terceros el conocimiento de los asuntos de su cliente, adquirido como resultado de su labor profesional.

Art. 24. Debe actuar con total objetividad e imparcialidad, absteniéndose de intervenir profesionalmente en asuntos respecto de los cuales carezca de absoluta independencia o cuando tenga un interés contrapuesto al de su cliente. En caso de que así fuera, deberá informar a su cliente previamente.

Art. 25. Cuando en el ejercicio de actividades públicas o privadas el traductor público hubiese intervenido en un determinado asunto, no debe, a sabiendas, prestar sus servicios o asesorar a la contraparte en el mismo asunto de manera directa o indirecta.

Art. 26. Debe cumplir los trabajos que se le hayan encomendado, con diligencia, competencia y genuina preocupación por los legítimos intereses de las personas o entidades que se los hayan confiado.

Art. 27. No debe interrumpir la prestación de sus servicios profesionales sin comunicárselo a su cliente con una antelación razonable, salvo que las circunstancias particulares del caso impidan dicha comunicación.


CAPÍTULO 7

DEBERES DEL TRADUCTOR PÚBLICO PARA CON SUS COLEGAS

Art. 28. En la relación con sus colegas, el traductor público debe actuar de buena fe y aplicar los principios de solidaridad profesional.

Art. 29. Cualquiera que sea el ámbito en que se encuentre, el traductor público debe dirigirse a sus colegas en forma digna y respetuosa. No debe formular manifestaciones indebidas o injuriosas que puedan significar un menoscabo a la idoneidad, el prestigio o la moralidad de otro traductor público.

Art. 30. Debe abstenerse de aludir de manera ofensiva o discriminatoria a condiciones personales, ideológicas, políticas, religiosas, raciales o de cualquier otra índole respecto de sus colegas.

Art. 31. Debe abstenerse de realizar actos desleales tendientes a captar clientes de colegas, ya sea en forma directa o indirecta, por sí o por interpósita persona.

Art. 32. Cuando constituya una asociación con otro/s traductor/es para desarrollar actividades inherentes a su profesión, debe crear y mantener condiciones de trabajo dignas y respetuosas en un pie de igualdad con sus colegas.

Art. 33. Debe cumplir estrictamente en tiempo y forma con los acuerdos o convenios escritos o verbales que establezca con sus colegas. El profesional que delegue en un colega la ejecución de tareas de traducción o interpretación está obligado, en todos los casos, a observar lo dispuesto por el art. 10 de este Código en cuanto al monto de los honorarios por pagar a su colega.

Art. 34. Debe abstenerse de realizar cualquier intento de sustituir a otro colega en un trabajo iniciado por él y no debe, en su caso, aceptar el ofrecimiento de reemplazo hasta tanto haya tenido conocimiento fehaciente de la desvinculación del profesional originario con el cliente. En este supuesto, deberá comunicar el hecho al reemplazado y advertir al cliente acerca de su obligación de abonar al colega los honorarios de los que este sea acreedor. En ningún caso deberá emitir opinión sobre la pertinencia o la corrección del monto de tales honorarios ni sobre la calidad de la traducción realizada por su colega.

Art. 35. Cuando actúe por delegación de tarea de un colega, debe abstenerse de recibir los honorarios o cualquier otra retribución correspondiente al colega que le hubiera delegado la tarea, sin su autorización previa.


CAPÍTULO 8

DEBERES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO, DEL TRIBUNAL DE CONDUCTA Y DE OTROS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y CONTROL DE GESTIÓN DEL CTPCBA

Art. 36. El traductor público que hubiere sido electo para ocupar un cargo en el Consejo Directivo, en el Tribunal de Conducta o en cualquier otro órgano de gobierno o control de gestión que se cree en el futuro tiene el deber de cumplir sus funciones con lealtad y buena fe en beneficio de la profesión, del CTPCBA y de los matriculados en general, y deberá rendir cuentas de su gestión al finalizar su mandato.

Art. 37. En caso de falta de ética o de actos ilícitos en el desempeño de sus funciones, los miembros de los órganos mencionados en el artículo precedente serán pasibles de las sanciones que este Código y las leyes aplicables determinen, sin perjuicio de las acciones penales que correspondieren. Si la aplicación de las sanciones no estuviera dentro de la competencia del Tribunal de Conducta, intervendrá la autoridad pertinente.


CAPÍTULO 9

SANCIONES DISCIPLINARIAS

Art. 38. La violación de las obligaciones establecidas en la Ley 20.305 y en este Código de Ética será sancionada disciplinariamente, previa investigación, conforme a las disposiciones del art. 25 de la Ley 20.305 y a las normas de este Código.

Art. 39. Toda sanción que se aplique a un traductor público o a un idóneo debidamente autorizado quedará registrada en el legajo personal que lleva el CTPCBA. El traductor público sancionado no podrá formar parte del Consejo Directivo, del Tribunal de Conducta ni de ningún otro órgano de gobierno o control de gestión del CTPCBA.

Art. 40. Autoridad de aplicación: Corresponde al Tribunal de Conducta establecer la sanción disciplinaria que se deba aplicar, con sujeción al art. 25 de la Ley 20.305 y a las disposiciones del presente Código.

Art. 41. Graduación de las sanciones:

a) A los efectos de este Código de Ética, se considerará falta leve a aquella conducta que, infringiendo un deber o una obligación emergentes de la Ley 20.305 o de este Código, sea de limitada trascendencia para el correcto ejercicio de la profesión.

b) A los efectos de este Código de Ética, se considerará falta grave a aquella conducta que, infringiendo un deber o una obligación emergentes de la Ley 20.305 o de este Código, sea de trascendental importancia para el correcto ejercicio de la profesión.

Art. 42. Aplicación de las sanciones disciplinarias: Para la aplicación de las sanciones disciplinarias enumeradas en el art. 25 de la Ley 20.305, el Tribunal de Conducta sujetará su decisión a las siguientes normas:

a) En los casos de faltas leves, corresponderá aplicar la sanción prevista en el inciso a) del art. 25 de la Ley 20.305.

En los casos de faltas graves, corresponderá aplicar la sanción prevista en el inciso b) del art. 25 de la Ley 20.305.

b) En los casos de faltas graves, corresponderá aplicar la sanción prevista en el inciso b) del art. 25 de la Ley 20.305.

c) La reiteración de faltas podrá dar lugar a la aplicación de la sanción prevista en el inciso c) del art. 25 de la Ley 20.305 por haber sido suspendido el imputado cinco (5) o más veces en los últimos diez (10) años, o por haber sido condenado a pena privativa de la libertad por la comisión de un delito doloso y siempre que de las circunstancias del caso se desprenda que el hecho afecta el decoro y la ética profesionales.

d) Para la aplicación de las sanciones, se considerarán la antigüedad en la matrícula y los antecedentes disciplinarios del traductor público en cuestión. En el caso de los idóneos debidamente autorizados, se tendrán en consideración la antigüedad en el registro y los antecedentes disciplinarios que tuviere.

Art. 43. Prescripción de las acciones: La prescripción de las acciones derivadas de violaciones al Código de Ética operará a los tres (3) años de producido el hecho. La prescripción se interrumpirá por la interposición de la denuncia.

Art. 44. Comienzo de vigencia: Las disposiciones del presente Código comenzarán a regir a partir de los sesenta (60) días hábiles de la fecha de la Asamblea en la cual se aprueben las reformas, y el Consejo Directivo deberá enviar la pertinente comunicación a todos los matriculados dentro de ese plazo.


NORMAS DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y PROCEDIMIENTO DEL TRIBUNAL DE CONDUCTA

TÍTULO I

NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Art. 1. Composición del Tribunal de Conducta: El Tribunal de Conducta estará compuesto por cinco (5) miembros titulares y dos (2) miembros suplentes. En la primera reunión posterior a su elección, designarán entre sus miembros un presidente, un vicepresidente 1.º, un vicepresidente 2.º, un secretario y un prosecretario. Los miembros suplentes reemplazarán a los titulares en caso de vacancia, impedimento, excusación o recusación.

Art. 2. Reemplazos: El vicepresidente 1.º o, en su defecto, el vicepresidente 2.º sustituirá al presidente en caso de ausencia o impedimento. Asimismo, el prosecretario reemplazará al secretario.

Art. 3. Presidente: Son atribuciones y deberes del presidente:

a) Convocar y presidir las sesiones del Tribunal.

b) Representar al Tribunal ante las Asambleas, el Consejo Directivo y autoridades nacionales, provinciales y municipales, y suscribir, juntamente con el secretario, las comunicaciones y los documentos que se acuerde expedir.

c) Resolver toda cuestión de trámite urgente y dar cuenta a los demás miembros del Tribunal en la primera sesión que se realice.

d) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones del Tribunal.

e) Ampliar, mediando justa causa, los plazos establecidos para las resoluciones, salvo aquellos determinados por el art. 24 de la Ley 20.305.

f) Decidir en caso de igualdad de votos.

Art. 4. Secretario: El secretario tiene por funciones:

a) Labrar las actas de las sesiones del Tribunal.

b) Refrendar con su firma, junto con la del presidente, las decisiones del Tribunal y las comunicaciones que este expida.

c) Recibir las comunicaciones dirigidas al Tribunal, anotarlas en un registro especial con los datos esenciales, remitirlas al presidente o a quien pueda corresponder y formar expedientes.

d) Controlar el correcto cumplimiento de las tareas encomendadas por el Tribunal de Conducta al personal del CTPCBA.

e) Diligenciar las notificaciones que disponga el Tribunal de acuerdo con lo establecido en las normas de procedimiento correspondientes.

Art. 5. Asistencia: Los integrantes del Tribunal de Conducta deberán asistir a las sesiones, y se dejará constancia de su presencia o ausencia en el Libro de Actas. En caso de ausencia, se consignará si es «con aviso» o «con causa justificada», o no.

Art. 6. Funcionamiento: El Tribunal se reunirá cuando existan causas pendientes para dar cumplimiento a los plazos procesales y para tratar los asuntos que le competen.

Art. 7. Quórum: El Tribunal de Conducta actuará con la simple mayoría de sus miembros y resolverá con el voto de al menos tres de sus miembros en el mismo sentido.

Art. 8. Renuncia: En caso de renuncia de algún miembro del Tribunal, esta deberá formularse por escrito y dirigirse al presidente o a su reemplazante. La aceptación se convalidará por la simple mayoría de los presentes. El vocal suplente de mayor antigüedad en la matrícula pasará a integrar el Tribunal como miembro titular. Las vacantes serán cubiertas de acuerdo con el orden de sustituciones establecido en estas normas. Igual criterio se adoptará para integrar el Tribunal en caso de ausencia temporaria o impedimento de un miembro titular que exceda de treinta (30) días.

Art. 9. Personal de apoyo: El Tribunal de Conducta podrá encomendar al personal del CTPCBA la realización de las diligencias o tareas que deban cumplirse por indicación del presidente del Tribunal o su reemplazante.


TÍTULO II

NORMAS DE PROCEDIMIENTO DEL TRIBUNAL DE CONDUCTA

Art. 10. Órgano de aplicación: Las normas que se detallan a continuación serán aplicables por el Tribunal de Conducta del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires de acuerdo con la competencia asignada por el art. 22 y siguientes de la Ley 20.305.

Art. 11. Características generales:

a) La acción disciplinaria no es susceptible de renuncia ni desistimiento y solo se extingue por fallecimiento del denunciado o por prescripción.

b) En el proceso disciplinario, no opera la caducidad de instancia.

c) La prescripción podrá ser declarada de oficio por el Tribunal de Conducta u oponerse en cualquier estado del proceso.

d) Las demás excepciones y nulidades podrán oponerse en la primera presentación en que el denunciado, su letrado o el Tribunal intervengan y serán resueltas por este órgano como de previo y especial pronunciamiento, dentro del plazo de quince (15) días. Igualmente, podrá replantearlas al hacer su defensa.

e) Las actuaciones y diligencias se practicarán en días y horas hábiles, conforme lo previsto por el Capítulo VIII del Título III del Libro I del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y por el art. 116 del Código Procesal Penal.

f) Las sentencias que dicte el Tribunal deberán ser motivadas, bajo pena de nulidad como garantía para el denunciado.

Art. 12. Deberes del Tribunal de Conducta: Sin perjuicio de las facultades conferidas por la ley de su creación, el Tribunal de Conducta asumirá la dirección del proceso. Dentro de los límites establecidos en el presente, actuará de acuerdo con los siguientes principios:

a) De concentración: disponiendo en lo posible que en un mismo acto o audiencia se lleven a cabo todas las diligencias que sea menester realizar y, en su caso, ordenando la acumulación de los procesos que presentaren identidad o conexidad de sujeto y causa.

b) De saneamiento: disponiendo de oficio toda medida que fuere conducente para la causa o necesaria para evitar nulidades y defectos de procedimiento que impidan el normal avance de la causa.

c) De economía procesal: vigilando que en toda la tramitación de la causa se persiga este propósito, adoptando las medidas tendientes a evitar la paralización del proceso y disponiendo las que fueren necesarias para evitar nulidades y defectos de procedimiento.

d) De inmediación: debiendo actuar todos sus miembros personalmente, de acuerdo con lo que establecen las presentes normas de procedimiento, como garantía de la pluralidad de ideas y de respeto por las minorías, no pudiendo delegarse actos concernientes a las etapas sustanciales del proceso.

e) De gratuidad: garantizando su vigencia en la sustanciación del proceso disciplinario.

Art. 13. Iniciación de las causas: Las causas de competencia del Tribunal se iniciarán:

a) A solicitud de autoridad judicial o administrativa.

b) A solicitud del Consejo Directivo.

c) Por denuncia escrita y firmada formulada por uno o varios traductores públicos matriculados.

d) Por denuncia escrita y firmada formulada por cualquier persona física o jurídica que se considere afectada por la actuación profesional de un traductor público inscripto en la matrícula o por la de un idóneo autorizado por el CTPCBA.

Art. 14. Comunicaciones al Tribunal de Conducta: El Consejo Directivo deberá girar al Tribunal de Conducta, por nota, dentro de los cinco (5) días de su recepción, toda denuncia o documentación referente a causas que estén siendo investigadas por el Tribunal.

Art. 15. Denuncia: En el acto de interposición de la denuncia, el denunciante deberá fundarla, ofrecer la prueba pertinente y constituir domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No se admitirán denuncias anónimas. La denuncia debe presentarse por escrito e incluirá nombre y apellido del denunciante y del denunciado, y un relato claro de los hechos que dan origen a la denuncia.

Art. 16. Recusación y excusación: Los integrantes del Tribunal de Conducta podrán ser recusados sin expresión de causa. El denunciante podrá ejercer esta facultad al presentar su denuncia; el denunciado, en su primera presentación. La facultad de recusar sin expresión de causa solo podrá interponerse contra uno de los integrantes del Tribunal en cada causa.

Serán causales de recusación y excusación las previstas en los artículos 17 y 30 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y en los artículos 55 y 58 del Código Procesal Penal de la Nación. También procederá la excusación o la inhibición del conocimiento de la causa con los alcances establecidos por los códigos citados.

Art. 17. Ratificación de la denuncia: Dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a la fecha de recepción de la denuncia, el Tribunal de Conducta citará al denunciante para que se presente a ratificarla dentro de los diez (10) días posteriores a la notificación, bajo apercibimiento de archivo de la causa en caso de incomparecencia injustificada.

En oportunidad de la ratificación, el denunciante podrá ampliar su denuncia o presentar la prueba documental de que disponga si no la hubiese acompañado con la denuncia.

La ratificación deberá efectuarse personalmente ante el Tribunal de Conducta en la fecha acordada previamente.

Art. 18. Falta de ratificación de la denuncia: Cuando el Tribunal considerara que, aun a falta de ratificación, existen motivos graves para que las actuaciones sigan su curso, ordenará la formación del expediente sin más trámite.

Dentro de los diez (10) días posteriores a la ratificación y una vez analizada la prueba presentada por el denunciante, el Tribunal deberá decidir la prosecución de la causa o su archivo.

Art. 19. Facultades del Tribunal: Dentro de los diez (10) días posteriores a la fecha establecida para la ratificación, y una vez analizada la documentación de que se disponga, el Tribunal podrá decidir:

a) El archivo de la causa si la denuncia no hubiere sido ratificada.

b) La desestimación de la denuncia cuando esta fuere manifiestamente improcedente o los hechos no correspondieren a la competencia asignada por ley al Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires.

c) La prescripción conforme al art. 43 del Código de Ética.

d) La prosecución de la causa conforme al art. 18 anterior.

En caso de desestimación de la denuncia o prescripción de las acciones, se dispondrá el archivo de la causa y se pondrá en conocimiento de la resolución al Consejo Directivo, previa notificación al denunciante.

Contra la resolución que adopte el Tribunal, en cualquiera de los supuestos descriptos, no es admisible recurso alguno.

Art. 20. Notificaciones a las partes: La Secretaría del Tribunal de Conducta notificará a las partes, dentro de los ocho (8) días, toda medida o resolución ordenada durante la sustanciación de las actuaciones.

Art. 21. Medios de notificación: Se consideran medios fehacientes de notificación:

a) carta documento con aviso de entrega;

b) telegrama con copia certificada y aviso de entrega;

c) notificación personal;

d) acta notarial.

Art. 22. Domicilios de las partes: A los efectos de las notificaciones, será válido para el denunciante el domicilio legal constituido en el sumario, y para el denunciado, el domicilio legal que figura en los registros del CTPCBA o el constituido en las actuaciones, una vez que se hubiere presentado.

Art. 23. Traslado de la denuncia: En caso de decidirse la prosecución de la causa, la Secretaría del Tribunal notificará en forma fehaciente al denunciado la denuncia efectuada en su contra para que, dentro de los quince (15) días hábiles, presente su descargo y ofrezca toda la prueba de la que intente valerse.

La notificación se efectuará por cualquiera de los medios enumerados en el art. 21.

Art. 24. Falta de contestación de la denuncia: Vencido el término para contestar la denuncia sin que el denunciado así lo hubiera hecho, se lo declarará en rebeldía y se proseguirá con el trámite de la causa. En lo sucesivo, el denunciado quedará notificado de pleno derecho de las resoluciones que se dicten, con excepción de la declaración de rebeldía y de la sentencia.

Art. 25. Sumario: El sumario será reservado y solo tomará conocimiento de este el denunciado o su representante debidamente acreditado.

El denunciante no revestirá la calidad de parte, pero estará obligado a comparecer ante el Tribunal todas las veces que sea citado. No tendrá acceso al expediente ni deberá ser notificado de las actuaciones, salvo de la sentencia definitiva o de la decisión que ponga fin al procedimiento.

Art. 26. Descargo y defensa: Dentro del plazo establecido por el art. 23, el denunciado podrá presentar el escrito de defensa, reconociendo o negando los hechos invocados en la denuncia y en la ratificación, así como la autenticidad de los documentos acompañados que se le atribuyeren. Podrá asimismo formular las consideraciones pertinentes acerca de la conducta reprochada y ofrecer las pruebas de que intente valerse.

Simultáneamente con la defensa, el denunciado deberá oponer todas las excepciones que considere pertinentes. Con el escrito de defensa deberá acompañarse la prueba documental en poder del denunciado y ofrecerse la testimonial y pericial de que intente valerse.

Art. 27. Plazo para la presentación de las pruebas: Las pruebas deberán producirse dentro de los quince (15) días posteriores a la notificación de la denuncia, de conformidad con el art. 24 de la Ley 20.305. Fuera de ese término, se dará por decaído el derecho a presentar pruebas.

Art. 28. Medios de prueba: La prueba podrá ser:

a) documental;

b) confesional;

c) testimonial;

d) pericial;

e) de informes.

Art. 29. Recepción de la prueba: Formulado el descargo por parte del imputado o vencido el plazo para hacerlo, si el Tribunal encontrase mérito, por resolución fundada de la mayoría simple de sus miembros, resolverá sobre lo siguiente:

a) La prescripción y las demás excepciones o nulidades que se hubieren opuesto en el escrito de defensa.

b) La procedencia de la prueba ofrecida en el escrito de inicio o en la ratificación, la incorporada o propuesta por el Tribunal, así como aquella acompañada u ofrecida en el escrito de defensa. Se rechazarán solo aquellas pruebas que resultaren manifiestamente improcedentes, respetando el derecho de defensa. La producción de la prueba se llevará a cabo en un plazo que no excederá de los sesenta (60) días.

c) En caso de no existir hechos controvertidos, se declarará la cuestión de puro derecho, y los autos pasarán a resolución.

d) El Tribunal designará audiencia a fin de recibir la testimonial o el dictamen del perito, si hubiese sido designado, y se ordenará, en su caso, el libramiento de oficios para recabar la prueba de informes, si la hubiere.

Art. 30. Prueba de peritos: El Tribunal podrá ordenar la prueba pericial en caso de que sea necesario y dispondrá los puntos de pericia. Designará al perito y fijará el plazo en que deba producir su informe.

Se designarán peritos pertenecientes a organismos oficiales o privados a los que se pedirá su colaboración.

Toda designación de peritos se notificará al denunciado. El perito podrá ser recusado o excusarse, en su caso, dentro de los cinco (5) días de su designación o notificación al denunciado, con expresión de causa, y el Tribunal resolverá en forma definitiva. Sin perjuicio de ello, el denunciado podrá designar perito consultor de parte.

Aceptado el cargo, el experto designado de oficio deberá cumplir su cometido dentro del plazo que le fije el Tribunal.

De la pericia efectuada, se dará traslado a la defensa por el plazo de cinco (5) días para que solicite las explicaciones que considere corresponder.

Art. 31. Prueba de testigos: Si el denunciado ofreciere prueba testimonial, deberá indicar en el ofrecimiento qué extremos intenta probar con dicha prueba. Se podrá ofrecer hasta un máximo de cinco (5) testigos, mayores de catorce (14) años, denunciando su nombre y apellido, ocupación y domicilios. El número de testigos podrá ser ampliado cuando, a juicio del Tribunal, la cantidad de hechos o la complejidad de estos lo justifique.

Las preguntas a cuyo tenor serán examinados dichos testigos deberán presentarse hasta dos (2) días antes de la audiencia. En caso contrario, se tendrá por desistido el testigo. No podrán ofrecerse testigos de concepto.

Los testigos prestarán juramento o promesa de decir verdad antes de declarar y serán informados de las consecuencias a que puedan dar lugar las declaraciones falsas o reticentes; asimismo, se les preguntarán sus datos personales y si les comprenden las generales de la ley.

Cuando las declaraciones obtenidas en un sumario discordaren acerca de algún hecho o circunstancia que convenga dilucidar, el Tribunal podrá realizar los careos correspondientes.

Art. 32. Prueba de confesión: La confesión del denunciado o involucrado en las actuaciones hace prueba suficiente en su contra, salvo que fuere inverosímil o contradicha por otras probanzas, no pudiendo dividirse en su perjuicio. La confesión no dispensa al Tribunal de una completa investigación de los hechos ni de la búsqueda de otros responsables.

Art. 33. Otras pruebas: En cualquier instancia del procedimiento y antes de la clausura del sumario, el Tribunal podrá ordenar de oficio otras medidas que estime necesarias para la investigación.

Art. 34. Clausura del sumario: Producida la prueba o vencido el plazo para su producción, se dará por terminado el sumario para definitiva y se correrá traslado al denunciado por cinco (5) días para que alegue sobre el mérito de la prueba, si correspondiere.

Art. 35. Sentencia: Dentro de los diez (10) días de vencido el plazo de traslado del artículo anterior, o de la presentación del alegato, el Tribunal, con el voto de al menos tres (3) de sus miembros, dictará la sentencia. Esta contendrá necesariamente las siguientes partes:

a) VISTOS: con indicación de los antecedentes y la prueba aportada.

b) CONSIDERANDOS: con análisis del mérito de las pruebas y antecedentes y la calificación de la conducta del imputado conforme a lo establecido en el Código de Ética.

c) RESOLUCIÓN: con la consignación de si ha existido o no violación al Código de Ética y, en su caso, la sanción que el Tribunal de Conducta aplica. Se transcribirán, si los hubiere, los votos en disidencia, que deberán ser fundados.

Art. 36. Notificación de la sentencia: Se notificará la sentencia tanto al denunciante como al denunciado. El secretario del Tribunal de Conducta comunicará la sentencia al Consejo Directivo para su cumplimiento, junto con las recomendaciones que el Tribunal estime necesarias. Oportunamente, se procederá al archivo de las actuaciones en la sede del CTPCBA.

Art. 37. Apelación: Los plazos para la interposición de recursos previstos en el art. 26 de la Ley 20.305 correrán a partir de la fecha de notificación de la sentencia al denunciado.

Art. 38. Publicación del fallo: La sentencia firme deberá ser comunicada de inmediato al Consejo Directivo y se ordenará su publicación en forma íntegra en el órgano de difusión del CTPCBA que se edite una vez que dicha sentencia haya pasado en autoridad de cosa juzgada. En todos los casos, se dará cuenta a los colegiados mediante su mención en la Memoria Anual del CTPCBA.

Art. 39. Comunicación a las Cámaras de Apelación: Cuando la sentencia que ordena suspensión en el ejercicio de la profesión o cancelación de la inscripción en la matrícula pase en autoridad de cosa juzgada, deberá ser comunicada por el presidente del Tribunal de Conducta al Registro de Peritos de las Cámaras Nacionales de Apelación de todos los fueros, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación y al Registro de Peritos Auxiliares del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, haciendo expresa mención para que se tome razón de la sanción aplicada en las listas de peritos.

Art. 40. Duración del proceso: El plazo máximo de duración del proceso ante el Tribunal de Conducta será de seis (6) meses, contados desde que la causa ingrese al registro del Tribunal. No obstante, este podrá prorrogar el término hasta dos (2) meses más, mediante resolución fundada dictada en un plazo no inferior a un (1) mes antes de operarse el vencimiento.

Si vencido el plazo o la prórroga no se hubiere aún dictado sentencia definitiva, el Tribunal de Conducta deberá resolver la causa dentro de los veinte (20) días siguientes, acordándose al trámite calidad de preferente despacho.

Para el cómputo de los plazos establecidos precedentemente, se deberá descontar el tiempo que insuman los trámites necesarios que fueren ajenos a la actividad y diligencias del Tribunal de Conducta, término durante el cual quedará suspendido el procedimiento.

Art. 41. Costas: En todos los casos en que se disponga la aplicación de sanción al matriculado, se le impondrán las costas causadas.

Art. 42. Independencia de las acciones: Cuando por los mismos hechos que dieron origen a la causa disciplinaria se tramite o se hubiera tramitado causa penal, el pronunciamiento del Tribunal de Conducta será independiente de aquella. Es facultad del Tribunal disponer la suspensión del proceso disciplinario si la causa penal estuviese pendiente de resolución. No se computará plazo alguno mientras dure la suspensión. Se respetará el principio constitucional que establece que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Se observarán los siguientes principios:

a) De inocencia: todo matriculado es inocente hasta que se demuestre lo contrario.

b) In dubio pro matriculado: en caso de duda, se estará a favor del matriculado.

c) Non bis in idem: ningún matriculado podrá ser sometido más de una vez a un proceso disciplinario por el mismo hecho.

d) No interpretación extensiva ni analógica: ninguna norma de fondo podrá ser interpretada por el Tribunal en forma extensiva ni analógica, ni basándose exclusivamente en presunciones.

e) Interpretación más favorable: el Tribunal hará siempre la interpretación de las normas más favorables al matriculado.

f) Improcedencia de ley retroactiva: el Tribunal no hará aplicación retroactiva de las normas, salvo cuando sean más benignas.

Art. 43. Aplicación supletoria: Supletoriamente, se aplicarán las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y del Código de Procedimiento Penal de la Nación.

Art. 44. Comienzo de vigencia. Las disposiciones del presente Código comenzarán a regir a partir de los sesenta (60) días hábiles de la fecha de la Asamblea en la cual se aprueben las reformas, y el Consejo Directivo deberá enviar la pertinente comunicación a todos los matriculados dentro de ese plazo.

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