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Las traducciones públicas son instrumentos públicos


Un fallo que dice las cosas por su nombre: Las traducciones públicas son instrumentos públicos

Por Roberto Martín Paiva

Comentario al fallo CyCom Lomas de Zamora, Sala II, 11/07/2013, "Italpresse Industrie SpA c/ Aluminio Della Croce s/ cobro ejecutivo"; Causa 43.294 reg. int. 287bis f° 157bis.

           “(…) los cuestionamientos de la disconforme en torno a los términos de la traducción que acompaña a cada uno de los títulos circulatorios, por revestir el carácter de instrumento público, debieron canalizarse a través de la redargución de falsedad, todo la cual hace caer en el vacío el embate vertido en este sentido. (…)”

Fallo de primera instancia, JCyCom 1 Avellaneda, 3/12/12, "Italpresse Industrie SpA c/ Aluminio Della Croce s/ cobro ejecutivo"; causa 4742/2011

“(…) Con relación a las observaciones en cuanto a la traducción, en tal caso debió haber planteada redargución de falsedad, ya que se trata de una traducción pública, por lo que nada cabe agregar al respecto. (…)”

SUMARIO: Introducción. Noticia: thema decidendum, hechos, planteos de las partes, primera instancia y los memoriales; holding. La traducción pública como instrumento público en el derecho argentino. El traductor público matriculado en argentina como fedatario. Consecuencias jurídicas. Ley aplicable a la redargución de falsedad de la traducción pública. Conclusiones.             

           
I_ INTRODUCCIÓN

1.1.- Parecería una obviedad decir que los abogados que litigamos en comercio internacional trabajamos con traducciones públicas para los tribunales, codo a codo con los traductores públicos. Parecería una obviedad decir que las traducciones hechas por un traductor público matriculado son instrumentos públicos; lo mismo parecería obvio decir que hacen plena fe de su contenido, por sí mismos y hasta que sean declarados falsos por sentencia firme.
And yet, and yet… nos cansamos de encontrar en la contraparte colegas abogados que plantean ante los tribunales impugnaciones de las traducciones que no les son favorables o que se refieren a los términos del  documento original traducido, como si la traducción no existiera, y apelan a que ellos mismos o el juez tienen un entendimiento más cabal de la lengua traducida que el traductor público mismo; vemos así abogados que intentan eludir la labor técnica y profesional del traductor público.
Encontramos estas quejas en recursos que no plantean la redargución de falsedad en sede civil o, en paralelo, una querella o denuncia en sede penal. Obviamente, hacen lo que hacen sin citar a juicio al traductor para que se defienda y defienda su trabajo técnico.
1.2.- En la mayoría de los casos los tribunales, lisa y llanamente, ignoran estos planteos al resolver; tal vez por inconducentes, tal vez por no querer entrar a discutir una cuestión de la que no saldrían librados tan sencillamente: fallan apoyándose en otros fundamentos.
En el fallo en comentario, ambas instancias han tenido la determinación de enfrentar directamente el planteo de las discrepancias con la traducción pública mediante conceptos claros y terminantes.

II_ NOTICIA DEL CASO Y EL FALLO
2.1. Thema decidendum: en el caso de un pagaré redactado en inglés, su calidad de tal y la literalidad del documento deben ser juzgados respecto del texto en inglés interpretado directamente por el juez o el de su traducción pública al castellano hecha por un traductor público matriculado.

2.2.Hechos y planteo de las partes:en el caso se ejecutaban en juicio ejecutivo cuatro pagarés (promissory notes) librados en Argentina, por una empresa domiciliada en el país, pagaderos allí mismo, pero redactados en inglés y en favor de una empresa con domicilio en Italia.
Ante la inexistencia de normas específicas de jurisdicción internacional y ley aplicable, la jurisdicción internacional de los jueces argentinos fue basada por el actor en la aplicación analógica del art. 8 de la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en materia de letras de cambio, pagarés y facturas (Panamá, 1975) –CIDIP I de Letras de Cambio y Pagarés-; criterio atributivo: lugar de pago o domicilio del demandado (ambos en Argentina). Para la ley aplicable se usó el art. 3°, que dice: “Todas las obligaciones resultantes de una letra de cambio se rigen por la ley del lugar donde hubieren sido contraídas”. (En el caso, Argentina).
Se planteó la improcedencia del arraigo por aplicación de Convención de Asistencia Jjudicial y de Reconocimiento y Ejecución de Sentencias en Materia Civil. Roma,  9 de diciembre de 1987: arts. 3-5. (aprobado por Argentina por Ley 23.720).
La demandada se excepcionó negando la deuda y planteando la excepción de inhabilidad de título. En particular, se quejó de errores en la traducción (“traduttore traditore” en sus propias palabras). Objetó que “promissory note” pueda ser traducido como “pagaré”, se agravió por la falta de traducción de un espacio vacío en el original y la falta de traducción al castellano de los números arábigos (1, 2, 3, etc.) puestos en inglés, y protestó por la traducción de la palabra “at/on” puesta antes de la fecha de pago, que fue traducida al castellano como “a los”.

2.3. El fallo de primera instancia y los memoriales: el juez de primera instancia cubrió el planteo con un manto de piedad, indicó sólo que la demandada “señala errores de traducción” y descartó el planteo al decir que no se podía cuestionar el texto de la traducción sin plantear la redargución de falsedad de la traducción.
En el memorial de la apelación de la demandada se sostuvo que traducir “promissory note” como pagaré es sólo “una interpretación acerca del carácter jurídico del documento que formula impertinentemente el traductor”; no mantuvo su queja respecto de la traducción de un espacio en blanco, ni de los números puestos en arábigo, pero sí respecto de la palabra “at/on” puesta antes de la fecha de pago y traducida como “a los”.
En el memorial de la actora se repitió el planteo de que la traducción pública es un instrumento público y que sólo podía ser atacada mediante redargución de falsedad, la que, por su naturaleza procesal incidental, era imposible de ser planteada en un juicio ejecutivo, debiendo hacerse lo propio en el ordinario posterior.
La actora planteó que el juez sólo podía valorar la traducción, y que para algo daba fe pública el traductor de la fidelidad de su traducción al castellano.

2.4. Holding: La traducción pública es un instrumento público, se la presume verdadera salvo que se la redarguya de falsedad; en defecto de ello no caben quejas respecto de la labor del traductor público o las referencias al documento traducido.


III_ LA TRADUCCIÓN PÚBLICA COMO INSTRUMENTO PÚBLICO EN EL DERECHO ARGENTINO
3.1.- La traducción pública como instrumento público.
3.1.1.- Definidos por extensión, son instrumentos públicos los otorgados con las formalidades legales, en presencia de un oficial público a quien la ley confiere facultad de autorizarlos.
Encontramos una definición por enumeración en el art. 979 CC, el cual reza en su inc. 2: “Art. 979. Son instrumentos públicos respecto de los actos jurídicos: (…) 2° Cualquier otro instrumento que extendieren (…) funcionarios públicos en la forma que las leyes hubieren determinado;
3.1.2.- Esto se resume en tres requisitos: capacidad del oficial (cfr. art. 982 CC), competencia ratione materiae (cfr. art. 980 CC) y cumplimiento de las formalidades legales (cfr. art. 986 CC).
3.1.2.1.- La capacidad de traductor público surge del art. 6 de la ley 20.305 y a contrario sensu del art. 123 CPCC, que establecen la obligatoriedad de presentar documentos traducidos por traductores públicos argentinos ante los tribunales nacionales.
3.1.2.2.- La competencia surge del art. 3 de la ley 20.305, que les da a los traductores esa función, y el art. 5 de dicha ley, que les da el monopolio legal de esa actividad; el art. 7 de establece el monopolio sobre el uso del nombre de tales a los matriculados y los arts. 9 y ss. instituyen la colegiación obligatoria para hacer todo lo antedicho.
3.1.2.3.- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las formalidades las impone el Colegio de Traductores de la Capital Federal conforme a las facultades conferidas por el art. 10, inc. d de la ley 20305, y lo ha hecho mediante el Reglamento de Legalizaciones (el actual en vigencia desde el 01/04/13). El art. 2 establece que la colocación de la legalización por el CPTCBA valida la conformidad con las formalidades establecidas en ese Reglamento.
3.1.3.- Sólo cabe concluir que la traducción pública cumple con los requisitos de pertenencia lógica respecto de la definición por extensión y que está comprendida en la definición por enumeración; ergo, la traducción pública es un instrumento público, lo mismo que una sentencia o una escritura pública.

3.2.- El traductor público matriculado en Argentina como fedatario.
La traducción pública es un documento público en cuanto está autorizado por un funcionario público (traductor público) que da fe no de los hechos o los contenidos de los documentos fuente, sino de la fidelidad de la traducción. La traducción -verdad de Perogrullo- no documenta el contenido del documento traducido sino la correlación en castellano con la lengua traducida.  
El traductor público es un “fedatario”, es decir que da fe de lo que traduce, ya que la misma idea “traducción pública” contiene la idea de juramento: el traductor jura que la traducción realizada por él es, según su leal saber y entender, fiel a su original (es decir: fidedigna, fehaciente y fedataria).
Se ha delegado en el traductor público autoridad del Estado para constatar que los documentos que el primero traduce sean considerados como auténticos y lo contenido en ellos sea tenido por verdadero mientras no se presente prueba en contrario, mediante un procedimiento idóneo y con sentencia firme.

3.3- Consecuencias de la calidad de fedatario y de la existencia de un instrumento público
3.3.1.- El instrumento público hace plena fe entre las partes y frente a terceros de lo que el oficial público hubiese anunciado como cumplido por el mismo (cfr. arts. 993, 994 y 995 CC); en el caso de las traducciones públicas, de la correlación entre el texto fuente y el traducido al castellano. Esta es una verdad jurídica objetiva que debe ser tenida por cierta hasta tanto no sea desvirtuada mediante redargución de falsedad civil o penal (cfr. art. 993 CC). 
3.3.2.- Por imperio del art. 395 CPCC, en una causa judicial el juez debe estar sólo a la traducción y, a contrario sensu,  está obligado a ignorar el documento fuente traducido, salvo en lo concerniente al instrumento fuente físico: peritación de la firma, eventualmente del texto ológrafo del documento, enmendaduras o agregados. La única verdad judicial que puede tener en cuenta es el texto traducido, sin que se admita prueba en contrario, salvo en el incidente de redargución y a partir de que la sentencia de dicha incidencia quede firme.
La verdad jurídica objetiva contenida en una traducción pública no es una mera presunción iuris tantum que puede ser desvirtuada por las partes mediante prueba, sino que será verdad hasta que exista una sentencia que diga lo contrario en el incidente de redargución de falsedad o en sede penal.
3.3.2.- Para apartarse de la traducción pública se precisa una redargución de falsedad que tramita por vía incidental, que tiene plazo de caducidad de 10 días de realizada la impugnación (o del conocimiento de la existencia en el proceso del documento público dubitado), que tiene su propia actividad probatoria, en la que es parte el oficial público (traductor público), y que se resuelve junto con la sentencia, salvo que el juez considere oportuno hacerlo antes por medio de sus facultades instructorias (cfr. art. 34 inc. 5 CPCC).
3.3.3.- No hay otra vía procesal para plantear disconformidades con las traducciones públicas dentro del proceso. No se puede producir prueba en contra de la traducción pública en la etapa probatoria del expediente principal. La parte que no ocurre a la vía del art. 395 CPCC y cumple con la carga procesal de dicho artículo valida la traducción pública y su contenido, transformando ipso facto la presunción en iure et de iure.
3.3.4.- La única alternativa posible, pero ya fuera del proceso civil, es la condena penal por los delitos de los arts. 275 y 293 CP; una condena firme por esos delitos implicaría la constatación judicial del hecho de la falsedad de la fe dada por el traductor público y proyecta sus efectos en la causa civil.
Estas vías excepcionalísimas se darían sólo en los casos en los que, además de ser discrepante con el significado original del texto fuente, el traductor no hubiera cometido un error de hecho (incluso por culpa grave o negligencia técnica) sino que hubiera traducido mal con conocimiento, intención y libertad de crear un texto traducido diferente en su mensaje al original en la lengua foránea; los arts. 275 y 293 Código Penal son tipos delictuales dolosos, por lo que no existe la falsedad culposa en la traducción o ideológica en un documento público. Con la sentencia en la causa penal, entrarían en juego las normas de los arts. 1101, 1102 y 1103 CC respecto de la prejudicialidad penal y la suspensión de la causa civil. 

IV_ LEY APLICABLE A LA REDARGUCIÓN DE FALSEDAD DE LA TRADUCCIÓN PÚBLICA
4.1.- La acción ejecutiva en sí propia, el embargo de título, el tipo de proceso, sus excepciones o defensas a la acción ejecutiva se rigen por la ley del juez (lex fori). Lo mismo puede predicarse respecto al tratamiento incidental de la redargución de falsedad en el juicio ejecutivo.
4.2.- La idoneidad ejecutiva de un instrumento público u otro título se regula por la ley del tribunal ante el que se inicia el juicio ejecutivo. La cuestión de si un pagaré o letra de cambio tienen o no fuerza ejecutiva no se resuelve por la ley que domina su validez y efectos materiales sino por la ley del juez (lex fori). Lo mismo puede predicarse respecto de las objeciones a la fidelidad de la traducción. 
4.1.3.- Concluimos que la redargución de falsedad siempre se regirá por la ley procesal del juez, lo mismo que la necesidad o no de la vía incidental para su cuestionamiento.

V_ CONCLUSIONES.
5.1.- La traducción pública cumple con los requisitos de pertenencia de las definiciones de instrumento público por extensión (arts. 980, 982 y 986 CC) y enumeración (art. 979 inc. 2 CC), por lo que cabe concluir que es un instrumento público.
5.2.- La calidad de instrumento público de la traducción y de fedatario del traductor público hacen que la traducción deba ser tratada por el juez como una verdad jurídica objetiva hasta la sentencia en el incidente de redargución de falsedad, sin que se admita actividad probatoria en contrario en el juicio principal.
5.3.- Para atacar una traducción pública es imperativamente necesario el proceso incidental del art. 395 CPCC con todas sus consecuencias jurídicas (i.e. caducidad de 10 días desde la toma de conocimiento para el planteo).
5.3.- En un proceso con elementos internacionales, la necesidad de redargución de falsedad de la traducción pública se regirá por la ley del juez que lleva el proceso principal (en el caso juicio ejecutivo). Lo mismo se predica respecto de la necesidad de la vía incidental.


Cfr. LLAMBÍAS, JJ, Tratado de derecho Civil – Parte general, 16ª edición, T II, # 1638, p.430 con cita a Salvat y Borda.

Cfr. KLEIN, P, “Responsabilidad del traductor público fe publica”, Conferencia, en http://www.perlaklein.com/conferencia2.htm

Cfr. DOVENA, C, dra, “El traductor público es fedatario” en Revista CPTCBA N° 101, enero-febrero 2010, en http://www.traductores.org.ar/nuevo/files/revista_ctpcba/pdf/R1058902407.pdf

Cfr. MARTÍNEZ Y GUILMAN, “La figura del Traductor Público en la República Argentina” Ponencia, en http://www.cttic.org/ACTI/2004/papers/Ponencia_%20Martinez-Guilman.pdf

Cfr. CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., Capítulo XXVIII, “Títulos valores”, en CALVO CARAVACA, A. L. y CARRASCOSA GONZÁLEZ, J.,  Introducción al derecho internacional privado, Granada, España, Editorial Comares, 1997, T II, pág.  631.

Cfr. GOLDSCHMIDT, W, “Ley competente para determinar el carácter ejecutivo de un título”, en Jurisprudencia Argentina, 1964-VI, p 240.

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