En el vertiginoso y globalizado siglo XXI, el traductor continúa ejerciendo su rol histórico de puente entre culturas y, como nexo insustituible de comunicación, ofrece precisión en el manejo del lenguaje, en los más diversos temas.

El traductor público es, por su formación académico-técnica y por su compromiso ético, un profesional capacitado para garantizar la confiabilidad de una traducción.
El ejercicio de la profesión de traductor público exige, cada vez más, una mayor especialización y conocimiento, tanto en las lenguas como en las nuevas tecnologías, y un profundo conocimiento y aprendizaje actualizado de ellas. Por lo tanto, este profesional se encuentra permanentemente comprometido con la formación continua en su idioma materno y en los idiomas en los que está matriculado.

En la República Argentina, el traductor público es el único profesional habilitado para darle validez legal a una traducción mediante su firma y sello. Este carácter fedatario le otorga una marca distintiva que hace imprescindible su intervención cuando se busca garantizar la seguridad jurídica en las diferentes transacciones. Sus áreas de competencia incluyen la traducción al español de todo documento en idioma extranjero que deba presentarse ante reparticiones, entidades u organismos públicos en la República Argentina y la traducción del español a un idioma extranjero, de la cual da fe con su firma y sello.

Por lo tanto, la necesidad de que intervenga un traductor público se corporiza en el ámbito público o privado cuando se solicitan servicios de traducción que exigen responsabilidad profesional y un alto grado de especialización.

El traductor público, en calidad de perito auxiliar de la justicia, actúa como intérprete en sede judicial cuando se deben traducir oralmente contenidos de una lengua fuente a una lengua meta. Muchos colegas se forman en la disciplina de interpretación y se desempeñan, también, como intérpretes de conferencia, en modalidad consecutiva o simultánea.